El paquete de reforma sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aclaró este jueves el vicepresidente Rafael Alburquerque, al justificar los impuestos argumentando que el empresariado tiene que entender el sacrificio que hay que hacer para enfrentar las necesidades de salud, educación y seguridad social, que no pueden solucionarse con una presión tributaria de apenas un 13%.
Alburquerque destacó que de septiembre a diciembre del año pasado el Gobierno ahorró 30,000 millones de pesos y recordó que esas medidas se tomaron en el último Consejo de Gobierno y que a todas las instituciones, con excepción de la protección social, salud y educación se les restó del presupuesto un 12%, además de un 10% a nivel de Presupuesto Nacional.
Sin embargo, el Vicepresidente aclaró que el Gobierno está dispuesto al diálogo, como siempre, aunque recordó que entre las responsabilidades del Gobierno están que a raíz de la creación de la Ley de Seguridad Social tendrá que cargar con los pensionados de las empresas privadas que pasaron al sistema de seguridad social.
Explicó que actualmente han hecho un programa con apenas 90 millones de pesos y se necesita más dinero porque solamente es una parte de los pensionados, amén de que se necesita incrementar el presupuesto a la educación, las enfermedades catastróficas, el seguro de salud para los ancianos, ampliar el programa de Solidaridad en 60,000 tarjetas adicionales y el régimen subsidiado de salud.
El paquete de reforma fiscal aumenta la tasa de exención al impuesto a la vivienda suntuaria y reduce la tasa del impuesto a los dividendos, establece un 10% sobre las operaciones o ventas brutas de los juegos de azar, como régimen simplificado para el pago del Impuesto sobre la Renta.
En la carta anexa enviada por el presidente Leonel Fernández al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, explica que los nuevos impuestos obedecen a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Acuerdo Stand-by, suscrito con el Estado dominicano, con el que se pretende atender el ardoroso clamor que propugnaba por una mayor inversión en la educación, hechos por distintas organizaciones al Gobierno, compromiso igualmente asumido con ese organismo en 2009.
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