El Ministerio de Educación (MINERD) advirtió hoy a los colegios privados que para aumentar sus tarifas deberán contar con la aprobación de esa cartera, previo a justificarlos y luego de haber recibido el aval de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en una documentación escrita.
El Ministerio advirtió que el Consejo Nacional de Educación aplicará las sanciones que estime pertinentes ante cualquier violación a las normativas vigentes, de acuerdo a lo que en éstas se establecen.
En una circular dirigida a directores regionales, distritales y de centros educativos privados, la ministra de Educación, Josefina Pimentel informa que el MINERD desarrolla un proceso de revisión del marco legislativo sobre la regulación de tarifas de los colegios privados, a los fines de diseñar un reglamento que permita mayores niveles de operacionalidad de la Ley 86-00 que rige la materia.
“La revisión se realiza tomando en cuenta que los efectos de la inflación en términos prácticos impactan en mayor medida a la población con limitados recursos económicos, y en procura de que los aumentos de tarifas en los centros educativos privados afecten lo menos posible a las familias de menores ingresos”, expresa la ministra en la circular.
De igual forma, la institución aclaró que en todo caso, el aumento para el año escolar 2011-2012 no debe exceder al 10 por ciento de la colegiatura del presente año escolar, lo cual se corresponde con la inflación acumulada del período.
En dicha circular la ministra dispone que “cada centro educativo privado que tenga el propósito de variar sus tarifas debe acordar con la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en consultas de deliberación abierta, los porcentajes de variación de las mismas, justificados en inversión para mejora de la calidad educativa”, además informar por escrito a la Dirección de Instituciones Educativas Privadas, con las correspondientes justificaciones.
La circular agrega que el aumento de la colegiatura debe responder a la realidad del poder adquisitivo de la familia dominicana, reconociendo los derechos que como inversionistas le asisten a los propietarios de los centros educativos, siempre que cumplan con lo establecido en la normativa vigente.
Se dispone además que los gastos adicionales fuera de la colegiatura (construcción para desarrollar áreas, adquirir materiales y equipos, así como el no uso de uniformes en determinados días, derecho a examen y alquiler de libros de texto) no sean obligatorios.
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