El proyecto de Ley para aumentar los ingresos tributarios, sometido esta semana al Senado de la República, plantea que destinará mayores recursos a educación, lo cual es incierto.
En los artículos que conforman el anteproyecto de Ley no se establece que los ingresos tributarios adicionales vayan a destinarse a este sector. Todo indica que las disposiciones legislativas propuestas solo darían mayores fondos para contribuir a la política de gastos actual, que no incluye en sus prioridades la inversión social.
Las argumentaciones presentadas en los considerandos de la Ley incluyen al reclamo de la población por una mayor inversión en educación, entendiendo la educación como un importante componente del desarrollo, el cual no pudo ser atendido por la estructura tributaria vigente en el momento de elaboración del Presupuesto 2011.
Independientemente de la disputa sobre cuál será el impacto total de la medida en términos económicos y financieros, según los cálculos iniciales no se daría cumplimiento a lo establecido por la Ley de Educación. Para alcanzar el 4% del PIB previsto por la Ley este año se debería aumentar el presupuesto educativo en $42,000 millones.
Con la nueva reforma impositiva el gobierno ha dicho que pretende recaudar $9,500 millones de pesos, de los cuales destinaría, “gran parte”, no todo, a educación, muy por debajo de la inversión necesaria para llegar al 4%.
Pero es además dudoso que se pueda destinar a educación estos mayores impuestos cuando todavía existen déficit que no han podido ser cubiertos. El déficit al cierre de 2010 implicó un 3.2% del PIB, y en el primer trimestre de 2011 quedó en un 6.6% por encima de lo previsto. Además en el mes de marzo, desde la Presidencia se ha argumentado la necesidad de modificar el gasto a causa de los aumentos de los precios del petróleo y de los alimentos.
El artículo 56 de la Ley de Presupuesto de este año establece que el Poder Ejecutivo solo está obligado a destinar “como mínimo el 30% de los ingresos adicionales que obtenga por encima de las recaudaciones estimadas en el Presupuesto General del Estado del 2011, al sector educación para la construcción, remodelación y equipamiento de aulas”, pero como hemos descrito, no existirían tales ingresos adicionales. El 30% de cero es cero.
La ciudadanía debe seguir movilizándose por la educación. La voluntad de incorporar mayores partidas presupuestarias al sector se demostraría con una propuesta de modificación del presupuesto actual, evaluando los gastos, las exenciones y los impuestos. Dicha modificación debe responder a la educación vista como un derecho fundamental de las personas y una prioridad que no puede estar supeditada a los vaivenes económicos.
Los recursos para cumplir con el 4% en el presupuesto de 2012 existen, es un asunto de redefinir prioridades, de la aplicación de una política fiscal racional, que contemple mejoría en la recaudación tributaria y gasto de calidad, sin derroche ni privilegios.
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