lunes, 11 de abril de 2011

Preocupa Fundación datos negativos de informe EU



a Fundación Justicia y Transparencia manifestó este lunes  preocupación por  datos del informe del Departamento de Estado de  Estados Unidos, que ubica al país como uno de los principales violadores de los derechos humanos, la trata de personas, la violencia de género, la desatención a la educación y la salud.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación, dijo que lo más preocupante  es el señalamiento del referido informe, de la existencia  de una corrupción generalizada.
Precisó que el incumplimiento por parte del Estado de una serie de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y respeto a los derechos humanos dejan muy mal parado al país, haciéndolo pasible de condenas que le prohíben y limitan el acceso y beneficio en el ámbito de la cooperación internacional de ayudas y recursos que al día de hoy pudieran estar sobrepasando los mil millones de dólares.
Potentini subrayó que solamente por concepto de la Cuenta del Milenio, instituida por el Congreso norteamericano en  2004, República Dominicana debió recibir montos ascendentes a los doscientos millones de dólares anuales de manos de la Corporación Reto del Milenio, creada para su administración, a condición de observar esfuerzos sostenidos y cuantificables por parte del Estado dominicano, en materia de desarrollo humano, justicias social, disminución de la pobreza, combate a la corrupción, los derechos humanos, entre otras variables relacionadas con la sana y adecuada administración del Estado.
Urgió al Estado  a implementar políticas públicas, que en el corto tiempo  conjuren los males que refiere el informe de los Estados Unidos, que además coloca a la nación en una posición de desventajas en el Tratado de Libre Comercio (DR Cafta), frente a los demás  suscribientes.
Llamó a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa,  que dirige Hotoniel Bonilla, a tomarle la palabra al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en el sentido de agilizar y someter a la justicia los actos de corrupción que en la actualidad son investigados.

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