Violación, sodomía, abusos...
SAN JUAN, Puerto Rico - La sociedad puertorriqueña está conmocionada por el estremecedor caso de abusos sexuales cometidos por una madre y su compañero, que entre 2001 y 2004, maltrataron y organizaron orgías con los seis hijos de la mujer.
La jueza Aida Meléndez encontró causa contra Awilda García Rivera, de 38 años, y su compañero sentimental, Santos González García, de 40, que afrontan 116 cargos por violación, sodomía, actos lascivos y maltrato de menores, por los que les impuso una fianza de 5,8 millones de dólares.
Los dos acusados no pudieron pagar la fianza, por lo que García Rivera ingresó en la cárcel de mujeres de Vega Alta y Santos González en la de Guerrero, en Aguadilla.
La agente de la Policía Olga González, una de las encargadas de la investigación del caso, relató que los dos acusados cometieron, presuntamente, abusos contra los hijos de la mujer, entonces de entre 3 y 12 años.
"En el apartamento de ese residencial -Tomás Torolla de Morovis-, esta señora con el caballero Santos sostenían relaciones sexuales con los niños. Hicieron tres parejas. Las niñas manifestaban que ellas tenían esposos y éstos eran los hermanos", señaló la agente que investigó el caso.
Indicó que "Santos y Awilda abusaban de ellos y permitían que vecinos, compañeros de trabajos de ella, familiares de ella y del padre biológico abusaran de los niños".
"También esos niños estuvieron expuestos al uso de sustancias controladas -drogas-. Utilizaban alcohol, les ponían películas pornográficas y les hacían imitar lo que veían", dijo la agente de la Policía.
Tres años de abusos
Los delitos denunciados se cometieron entre 2001 y 2004, año este último cuando una intervención del Departamento de la Familia retiró a los niños del hogar familiar.
El proceso judicial no comenzó, sin embargo, hasta 2007, cuando una funcionaria del Departamento de Familia interpuso una denuncia ante las autoridades policiales.
Las tres niñas se encuentran actualmente con una familia de adopción en la localidad de Morovis, mientras los niños están repartidos entre distintos familiares en las poblaciones de Arecibo y San Sebastián.
El padre biológico de los seis menores se mantiene al margen del caso al entrar y salir de centros penitenciarios de formal habitual.
La Policía espera instrucciones del fiscal encargado del caso para interponer cargos contra los vecinos, amigos y familiares que participaron de las orgías sexuales organizadas por la pareja.
Los dos acusados, que no disponen de abogados para su defensa, niegan los hechos y aseguran ser víctimas de una persecución organizada.
La jueza Aida Meléndez encontró causa contra Awilda García Rivera, de 38 años, y su compañero sentimental, Santos González García, de 40, que afrontan 116 cargos por violación, sodomía, actos lascivos y maltrato de menores, por los que les impuso una fianza de 5,8 millones de dólares.
Los dos acusados no pudieron pagar la fianza, por lo que García Rivera ingresó en la cárcel de mujeres de Vega Alta y Santos González en la de Guerrero, en Aguadilla.
La agente de la Policía Olga González, una de las encargadas de la investigación del caso, relató que los dos acusados cometieron, presuntamente, abusos contra los hijos de la mujer, entonces de entre 3 y 12 años.
"En el apartamento de ese residencial -Tomás Torolla de Morovis-, esta señora con el caballero Santos sostenían relaciones sexuales con los niños. Hicieron tres parejas. Las niñas manifestaban que ellas tenían esposos y éstos eran los hermanos", señaló la agente que investigó el caso.
Indicó que "Santos y Awilda abusaban de ellos y permitían que vecinos, compañeros de trabajos de ella, familiares de ella y del padre biológico abusaran de los niños".
"También esos niños estuvieron expuestos al uso de sustancias controladas -drogas-. Utilizaban alcohol, les ponían películas pornográficas y les hacían imitar lo que veían", dijo la agente de la Policía.
Tres años de abusos
Los delitos denunciados se cometieron entre 2001 y 2004, año este último cuando una intervención del Departamento de la Familia retiró a los niños del hogar familiar.
El proceso judicial no comenzó, sin embargo, hasta 2007, cuando una funcionaria del Departamento de Familia interpuso una denuncia ante las autoridades policiales.
Las tres niñas se encuentran actualmente con una familia de adopción en la localidad de Morovis, mientras los niños están repartidos entre distintos familiares en las poblaciones de Arecibo y San Sebastián.
El padre biológico de los seis menores se mantiene al margen del caso al entrar y salir de centros penitenciarios de formal habitual.
La Policía espera instrucciones del fiscal encargado del caso para interponer cargos contra los vecinos, amigos y familiares que participaron de las orgías sexuales organizadas por la pareja.
Los dos acusados, que no disponen de abogados para su defensa, niegan los hechos y aseguran ser víctimas de una persecución organizada.
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